El 20, 6 por ciento de las farmacias españolas no cuentan con un farmacéutico titular o adjunto
Almudena Cortés, anal Salud, Madrid a viernes 11 de julio de 2003
El estudio realizado por Indecof en 150 farmacias de toda España refleja las múltiples irregularidades que realizan, como dispensación de medicamentos por parte de empleados sin cualificación profesional específica o falta de stock de medicamentos.
Las farmacias cometen prácticas no legales que desvirtúan el sistema regulado y distorsionan la función para la que fueron creadas. La ausencia del farmacéutico titular y del adjunto legal es patente en el 20,6 por ciento de las farmacias visitadas para realizar la encuesta, dejando el mando de la farmacia a empleados sin poderes de legales de sustitución, e incumpliendo la función de vigilancia, control y custodia de las recetas médicas por parte del farmacéutico según recoge la ley. Otro dato a destacar de este informe realizado por Indecof (Instituto de Defensa de la Competencia y la Liberalización de la Farmacia), es que el 87,4 por ciento de estas farmacias comercializa productos paramédicos, y más del 99 por ciento vende productos de cosmética y belleza; así, dedican a los medicamentos entre menos del 20 y el 50 por ciento de la capacidad del local.
Un 14,6 por ciento afirma además no disponer nunca o casi nunca de stock de todos los medicamentos de prescripción, por falta de espacio en las oficinas, incumpliendo su obligación prioritaria de servicio sanitario público. La oficina de farmacia ha advertido que tampoco tendrá en stock medicamentos caros, por motivos de financiación y menor margen porcentual, incumpliendo nuevamente su función prioritaria. Otra irregularidad es la aceptación de bonificaciones y ofertas de laboratorios, hecho reconocido por el 56 por ciento de las farmacias, para ello abusan de la pasividad de la Administración Pública, que no ejerce su función de inspección y sanción.
Acerca de la situación actual del sector, la mayoría piensa que funciona de forma correcta y defienden a ultranza el formato regulado actual, la no liberalización del sector y el veto a la entrada de nuevos actores en el mercado. En los últimos años, los tribunales de justicia han sido los encargados de ajustar las actividades socioeconómicas al marco legal regulado, corrigiendo excesos lucrativos de las oficinas de farmacia, a la vez que algunas autoridades públicas han dado pasos muy importantes hacia la liberalización, a pesar de la fuerte oposición de los boticarios.
